Este verano de 2025, con miles de hectáreas afectadas y evacuaciones en varias regiones, ha reaparecido una idea tan cómoda como falsa: que la Agenda 2030 “prohíbe gestionar” y, por tanto, sería responsable de lo que arde. Es exactamente al revés. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promueven gestión forestal, prevención del riesgo y restauración basada en evidencia. Y la legislación española —empezando por la Ley de Montes— obliga a mantener los montes en condiciones que reduzcan el peligro de incendio. Ni la Agenda 2030 ni nuestras leyes empujan a la inacción: exigen planificar mejor.
Quizá porque a río revuelto, ganancia de político, o quizá por pura ignorancia bienintencionada, en el debate público han cuajado una serie de consignas y tópicos —repetidos como mantras—que confunden a la ciudadanía. Conviene desmentirlos con datos y con normas.
“La Agenda 2030 prohíbe limpiar el monte”. Falso. La gestión del combustible (desbroces, clareo) es una herramienta reconocida en prevención. El Objetivo 15.2 pide, de hecho, aumentar la superficie forestal bajo planes de gestión a largo plazo y con certificación, y el 11.b insta a que los municipios adopten planes de reducción del riesgo de desastres. Traducido: menos improvisación, más planificación.
