Saber de dónde viene uno debería ser un camino en línea recta, pero el de Ligia Ceballos está tan empedrado de obstáculos que la línea se ha vuelto un laberinto borgeano. La mujer de 57 años intenta confirmar si cuando era una bebé fue robada a sus padres biológicos en España, durante la época del franquismo, y traída ilegalmente a México, donde su familia adoptiva la registró con otro nombre y una nueva nacionalidad. Ella está convencida de que así sucedió, pues se lo confesaron sus padres adoptivos cuando tenía 33 años. Pero aún falta la colaboración de las autoridades de ambos países para, por ejemplo, realizar una prueba de sangre que lo confirme. Antes de ser Ligia Ceballos, aquella niña se llamaba Diana Ortiz. Era 1968 cuando la trajeron a México, a los pocos meses de nacida. ¿Quién sería ahora Diana Ortiz? ¿Qué habría sido de Ligia Ceballos? Las dudas convergen en un mismo punto, una misma persona. ¿Qué tan difícil es encontrarse a uno mismo? ¿Qué tan difícil es encontrar al niño que uno fue (o, más bien, que no fue)? Eso: un laberinto en línea recta.
La Suprema Corte de Justicia de México ha emitido una sentencia que obliga a las autoridades a al menos intentar dar una respuesta a esas preguntas. Ligia Ceballos emprendió hace años una denuncia ante la Fiscalía para que la ayudara a esclarecer las circunstancias de su irregular adopción. La Fiscalía y los jueces habían dado carpetazo, pero el Supremo ordenó hace unas semanas que se reabra el expediente y se investigue su caso como una desaparición forzada. Se trata de la última sentencia aprobada por la Corte antes de ser reemplazada por los togados que fueron electos por voto popular en junio. La resolución indica que también debe investigar el delito de tráfico de personas y determinar quiénes fueron los responsables, tanto en el Gobierno de España como en la Iglesia católica, que tuvo un rol fundamental en el despojo de niños de sus familias durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). En un país como México, donde las desapariciones a manos del narco y las autoridades son una historia común, el caso de Ligia expone el espectro de posibilidades en las que se puede cometer el mismo delito.
