El Gobierno madrileño ha encargado a la Universidad Politécnica de Madrid un estudio satelital para conocer la “salud estructural” de los edificios en el entorno de la Línea 7B de Metro, en el este de la región de Madrid, según ha adelantado este sábado la agencia EFE. El encargo, sin coste alguno, se conoce después de años de drama, una lista de 260 viviendas afectadas y una factura para el Ejecutivo autonómico de más de 70 millones de euros. Este nuevo estudio permitirá localizar “áreas vulnerables”, según la información del convenio entre la Consejería de Vivienda y la universidad madrileña.
El estudio usará una técnica que permite conocer con precisión milimétrica la velocidad de deformación del terreno, edificaciones e infraestructuras, comparando datos entre 2003 y 2025. La tecnología se conoce como Interferometría Radar de Apertura Sintética (InSAR, por sus siglas en inglés).
El acuerdo ha sido publicado este sábado en el boletín regional, el BOCM, y especifica que el informe deberá incluir propuestas de acciones “para realizar un seguimiento futuro de los movimientos en la zona objeto de estudio”.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha heredado este problema de su antecesora, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, quien lanzó este proyecto fallido de 12 kilómetros y 650 millones de euros. Aguirre inauguró el Metro Este en 2007 (una ampliación de la Línea 7 de Metro) y poco después aparecieron daños en los inmuebles de la superficie bajo la que pasa el túnel, en el municipio de San Fernando de Henares. La obra se diseñó en un terreno inestable que facilitó la filtración del agua. Desde entonces se han demolido 21 edificios con 75 viviendas donde vivían unas 200 personas. El Metro lleva cerrado desde 2022 por las obras de reparación y no hay fecha para su reapertura.
