En 2018, Huawei dominaba el mercado de las telecomunicaciones español. No solo era el fabricante que más móviles vendía detrás de Samsung, sino que lideraba los contratos de red de los principales operadores, acaparando en particular los de telefonía 5G, una tecnología que comenzaba a arrancar. Pero en 2019 la historia dio un brusco giro cuando la Administración estadounidense impuso un veto general a todos los equipos del fabricante bajo la acusación de que el Gobierno chino tenía acceso a los datos y comunicaciones de las redes y teléfonos móviles 5G de Huawei. Un veto al que se unieron posteriormente varios países europeos, impulsados por la recomendación reiterada de la Unión Europea a sus Estados miembros de que eliminaran a la firma china de sus redes.
Aunque España nunca suscribió ese veto, la marca asiática sufrió un desplome absoluto de las ventas de smartphones en el mercado nacional al no poder incorporar el sistema operativo Android de Google y aplicaciones tan populares como WhatsApp, Google Mail o Google Maps. De vender casi cuatro millones de móviles al año ha pasado a tener una cuota residual, por debajo del 1%, y ha cerrado todas sus tiendas en España.
Ese declive no ha ido paralelo al de las redes. Aunque desde el veto estadounidense las principales operadoras (Telefónica, MasOrange y Vodafone) anunciaron que prescindirían paulatinamente de las infraestructuras contratadas con Huawei, la realidad es muy distinta. Más bien se ha tratado de una campaña de marketing con vistas a la opinión pública que de un rechazo real, porque el fabricante chino sigue estando muy presente en las redes de telecomunicaciones españolas. Como sucede con el llamado lavado de imagen verde o greenwashing cuando las empresas quieren presumir de un ecologismo que en realidad no practican, las telecos y la Administración han aplicado una especie de Huaweiwashing, bajo la fórmula de seguir confiando importantes contratos a Huawei, pero eludiendo cualquier publicidad de ellos.
