Telefónica defiende con insistencia que se facilite la concentración en el sector de las telecomunicaciones, y no faltan motivos para ello. Pero la expectativa de que lo haga mediante la compra de Vodafone España (lo que no han confirmado las compañías, aunque ha disparado el valor de Zegona, dueña de esa operadora­) no parece la mejor de las ideas. Ni para los clientes ni para los accionistas. Tampoco para el Gobierno, implicado por partida doble como regulador y por su presencia en el capital.

Las consolidaciones en el sector en Europa han evitado hasta la fecha concentraciones excesivas en un mercado nacional. Bruselas las ha condicionado a facilitar la entrada de nuevos actores para evitar situaciones de duopolio. Pero una unión de Telefónica y Vodafone sumaría con Mas­Orange una cuota del 90% del mercado, tanto en clientes como en ingresos. Una posición difícil de justificar, especialmente para la SEPI, que tiene el 10% de la operadora, y, por tanto, para el Gobierno. Un duopolio en el sector en España perjudicaría previsiblemente a los consumidores.

Esa fusión, además, no lo tendría fácil en Bruselas, por mucho que el Gobierno pueda apelar a la supuesta sensibilidad para sus intereses de la comisaria de Competencia, Teresa Ribera. Si mantiene su línea, la Comisión Europea impondría duras condiciones a la empresa resultante, obligada a revender activos a la competencia. Para los accionistas de Telefónica, el riesgo es evidente: desembolsar una cifra elevada por Zegona (cuyo valor han inflado las especulaciones sobre la fusión) sin saber cuánto obtendrán por desprenderse de activos importantes.