La polémica por los niveles de ruido del festival Mad Cool finalmente llegará a los tribunales. El juzgado de instrucción número 34 de Madrid ha abierto juicio oral contra el administrador único de la mercantil que organiza el macrofestival, y la propia sociedad Mad Cool Festival S.L., por la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente durante la edición de 2023, consistente en haber excedido el nivel de decibelios permitido para su celebración. Así lo ha adelantado esta mañana la cadena Ser y lo ha podido confirmar EL PAÍS tras acceder a la resolución.
La fiscalía provincial de Madrid solicita dos años de prisión para el organizador del evento y una multa de 11.000 euros. Para la sociedad promotora, la acusación pide una sanción económica de 73.000 euros e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas; para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales y de la seguridad social por dos años. De la multa se descontarían 13.200 euros que ya fueron abonados por la mercantil al departamento de disciplina ambiental del Ayuntamiento de Madrid en pago por distintas sanciones.
El acusado solicitó al Consistorio en 2023 una autorización para la organización del festival —que se celebra desde 2016— en el límite entre el distinto madrileño de Villaverde y el municipio de Getafe. Debido al impacto acústico del evento, se tramitó un permiso especial a través del Área de Medio Ambiente de la capital que fijaba los parámetros que debía respetar el festival y que el administrador único quebrantó, supuestamente, por “razones puramente comerciales”, de acuerdo con la argumentación de la fiscalía.
