El intento de boicot al equipo ciclista Israel-Premier Tech mientras participaba en la contrarreloj por equipos de la Vuelta el pasado 27 de agosto ha desatado la ira del director de la competición. Es normal que Javier Guillén, máximo responsable de la competición y principal beneficiario de los ingresos que reporta, muestre su preocupación. Vendrán más y es preciso velar por la seguridad en la competición. Ciertamente, la organización de la Vuelta asume la responsabilidad de garantizar la seguridad de la carrera ciclista y, en particular, la de los corredores que participan en ella.
Lo que no resulta tan evidente, ni adecuado, son las airadas declaraciones del señor Guillén, completamente desafortunadas y fuera de lugar, a tenor de las obligaciones que le impone el Código Ético de la Unión Ciclista Internacional (UCI). En primer lugar, porque el señor Guillén, como principal responsable de la competición deportiva, tiene el deber de evitar cualquier posible riesgo que hayan podido correr ciclistas y manifestantes. De ahí que cargar toda la culpa sobre las personas que se manifestaban no constituye más que una burda forma de eludir su responsabilidad. En segundo lugar, porque como sabe muy bien el director de la Vuelta, su cargo le exige moderación y neutralidad en sus expresiones. De ahí que sea cuando menos imprudente afirmar que el intento de boicot constituye una injerencia injustificada de la política en el deporte. Ocurre más bien, a la inversa. El intento de boicot no puede entenderse más que como una expresión política de la ciudadanía que no hace más que ahondar en los estrechos lazos que vinculan la política con el deporte en general y, en particular, en el caso del genocidio que impunemente está cometiendo Israel contra el pueblo palestino. Pero vayamos por partes.
