Hay muchos inmigrantes que llegan a España, incluso con sus familias, y que se desesperan cuando comprueban que no pueden trabajar ni tienen ningún tipo de documento. Entonces piensan en un último recurso, una recomendación que corre con el boca a boca, alguien que les asegura que pueden acelerar el proceso para establecerse legalmente si pagan una cantidad que puede ir de los 1.000 a 8.000 euros. Se agarran a esa posibilidad y reúnen las sumas de dinero, que algunos piden prestadas, para conseguir los ansiados papeles. “Es una doble victimización”, explica un responsable de UCRIF Central, la unidad de la Policía Nacional que se encarga de investigar a las redes de inmigración ilegal y falsedades documentales tanto a nivel nacional como internacional. “Si le ofrecen esto por ahí, se van a quedar sin 1.000 euros y sin permiso de residencia. Incluso, si hay una detención por falsedad documental, le va a impedir conseguir la residencia en un futuro”, advierte el mando policial, que pide se le dé difusión a este tipo de estafas para que la población migrante no sea engañada por las redes criminales que las ofrecen.
Las víctimas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, en un país ajeno, cuyo sistema desconocen. “Hay muchos que realmente se ven abocados a esto. Son pobres hombres o mujeres, gente que no tiene dinero, lo pide prestado, y se ven estafados”, continúa el mando policial. Este agente dirigió una investigación en la que fueron detenidas en mayo 12 personas de entre 35 y 45 años que formaban parte de una red que se había especializado en estafar a inmigrantes sudamericanos recién llegados.
