Madrid se ha llenado de colas, pero en algunas hay que pagar para poder estar. No son las que dan acceso a las azoteas de los hoteles lujosos, ni a los macroconciertos más deseados. Son, por el contrario, colas para mantenerse a flote en España, para renovar papeles y conservar un empleo que muchas veces sustenta a familias enteras, aquí y a miles de kilómetros de aquí. Son colas para las que no habría que pagar, pero que a los inmigrantes les cuestan cientos de euros porque conseguir una cita online es casi imposible. Excepto para intermediarios que reservan masivamente turnos y luego los venden en un mercado que, aunque ilegal, está lejos de esconderse: opera en toda España, se anuncia sin tapujos en Instagram, TikTok y WhatsApp y se alimenta de una demanda que la Administración no logra cubrir.

La cola frente a la oficina de asilo y refugio de la calle Pradillo, en Madrid, se renueva cada hora. La forman decenas de personas, que aguardan las órdenes de los policías para acceder a la una sala de espera. Son en su mayoría venezolanos, colombianos, malienses y peruanos, las mismas nacionalidades que acumulan más del 80% de las 77.000 solicitudes de asilo registradas en España en el primer semestre del año. Necesitan renovar sus documentos para no caer en la irregularidad mientras esperan la respuesta a su petición de protección internacional. Si los papeles caducan, también se esfuman sus contratos y sus trabajos. No es un trámite menor, afecta a más de 270.000 personas que viven en España como solicitantes de asilo.