Kawthar Jadalhaq, arquitecta palestina de 33 años, llegó a España en 2020 como solicitante de asilo. Desde entonces, ha vivido en centros de acogida y en casa de amigas, también ha trabajado temporalmente como cajera, almacenera, y ha acudido a varias entrevistas para puestos afines a su área de formación sin éxito. La rechazaban por no tener un castellano perfecto. “Cuando vine aquí todo el mundo me decía que me olvide de ser arquitecta, de seguir mi camino”, recuerda. Sin embargo, en mayo del año pasado se incorporó a la ingeniería pública Ineco, donde desarrolla trabajos relacionados con proyectos de edificación y le dan la oportunidad de comunicarse en inglés. Ahora tiene una habitación propia e incluso se plantea pedir un préstamo para comprar una vivienda. “Alguna vez pensé que me iba a quedar en la calle, pero ya no tengo miedo, este trabajo ha cambiado mi vida”, relata.
España repitió el segundo puesto entre los países de la Unión Europea que más solicitudes de asilo recibieron en 2024 — con el 18% del total y un máximo histórico de 164.000 peticiones—, según Focus on Spanish Society, una publicación editada por Funcas. La legislación española otorga una autorización para trabajar, la llamada tarjeta roja, al haber transcurrido seis meses desde la formalización de la solicitud. Además, si la resolución es favorable, la persona adquiere autorización permanente para residir y trabajar en el país.
