Segundos antes del atentado terrorista a la base aérea militar de Cali, el pasado 21 de agosto, las cámaras de vigilancia de la zona dejaron de transmitir. Eran las 2.40 de la tarde y dos hombres del frente Jaime Martínez, un grupo disidente de las extintas FARC, habían llegado con dos camiones desde el pequeño municipio de Corinto, en el Cauca. Traían 16 cilindros de gas, cada uno con 50 kilogramos de explosivos a base de polvo de aluminio y nitrato de amonio. Los conductores estacionaron los vehículos a una cuadra de la puerta principal del complejo militar y buscaron escapar. Según las autoridades, llevaban apenas siete minutos en la ciudad. Las cámaras de los vecinos del barrio Villa Colombia se apagaron sin dejar registro del ataque.
La explosión, que afectó a las viviendas de dos manzanas a la redonda y dejó a la ciudad sumida en el terror, se saldó con siete personas asesinadas, todas civiles, y más de 70 heridos. Es uno de los atentados más graves de las últimas décadas en la capital del Valle del Cauca. Un día después, la Alcaldía informó que detonaría, de forma controlada, varios cilindros bomba que no estallaron el día anterior. De haberlo hecho, la tragedia, ya de por sí grave, habría sido por lo menos tres veces mayor. El informe del explosivista que reconstruyó el caso señala que el ataque estaba pensando para causar daño en 400 metros a la redonda, y llegó solo a 130 metros.
