Sandra Flor recorre el hotel donde vivía con la cautela de quien avanza sobre un campo minado. Frente a su casa, que también era su negocio, estalló el primer artefacto del camión con el que las disidencias de las FARC transportaban bombas para atacar la base aérea Marco Fidel Suárez, en el nororiente de Cali, el pasado jueves. Un día después del ataque vuelve al lugar con su esposo, Miguel Rodríguez. Se detienen ante el único cuadro de la recepción del alojamiento que resistió la onda explosiva: la Virgen del Carmen resiste, sostenida apenas por una puntilla. “Es lo único que quedó en pie. La colgamos hace 10 años para que nos cuidara”, dice Flor. Minutos después, el ministro de Defensa Pedro Sánchez recorre esa calle junto al alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, mientras los vecinos todavía barren vidrios y levantan puertas arrancadas de cuajo.
El jueves, la jornada más violenta del año y de lo que va del Gobierno de Petro, dos grupos de las disidencias de las FARC que lidera alias Iván Mordisco cometieron dos atentados terroristas, uno tras otro, un desafío al Estado y una prueba de poder militar. Antes del ataque en Cali, las disidencias derribaron un helicóptero de la Policía que sobrevolaba los cielos de Amalfi, Antioquia. Asesinaron así a 13 policías. El Ejecutivo ha atribuido los dos hechos a una reacción violenta del grupo armado a los duros golpes que, argumentan, le ha propinado el Estado. En la tercera ciudad de Colombia, capital de toda la región del Pacífico, la jornada dejó a seis personas muertas, todas civiles, y a más de 79 heridas, en su mayoría mujeres.
