Una jueza federal ha ordenado paralizar con efecto inmediato la ampliación del programa de deportaciones rápidas puesta en marcha por la Administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos. La magistrada ha encontrado que extender este programa, uno de los pilares de la política de expulsiones masivas de este Gobierno, crea un “riesgo significativo” de que inmigrantes que pueden tener derecho a quedarse en el país sean expulsados sumariamente sin tener ocasión de que se examine su caso como es debido.
En su decisión, publicada el viernes por la noche, la jueza Jia Cobb, nombrada para su puesto por el presidente demócrata Joe Biden, acepta el requerimiento de un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes para suspender dos procedimientos en vigor desde la llegada de la Administración republicana en enero y que ha puesto a millones de personas en riesgo de deportación rápida.
Durante décadas, el proceso de deportación rápida solo se aplicó a los inmigrantes irregulares detenidos a menos de 160 kilómetros de la frontera y que llevasen menos de dos semanas en el país. Pero en 2019, el primer Gobierno de Trump amplió ese procedimiento para cualquier persona en situación irregular que no pudiera demostrar que hubiera entrado más de dos años atrás, y con independencia de dónde se encontrara en Estados Unidos.
