Una jueza en Arizona ha bloqueado temporalmente los intentos de la Administración del presidente Donald Trump por deportar a sus países de origen a niños guatemaltecos y hondureños no acompañados. En un dictamen emitido este jueves en la ciudad de Tucson, la magistrada Rosemary Marquez prorrogó dos semanas más una orden cautelar de protección emitida el pasado 31 de agosto para prohibir al Gobierno la deportación de los menores.
Los abogados de los menores, que representan a un grupo de 57 niños guatemaltecos y doce hondureños, entre los tres y los 17 años, alegan que la expulsión violaría las leyes estadounidenses y pondría en peligro a menores vulnerables una vez que aterrizasen de vuelta en su patria.
En la vista, Márquez había expresado su preocupación por la posibilidad de que, una vez llegados a su país de origen, los niños encontraran que no se habían dado pasos suficientes para garantizar que alguien acudía a hacerse cargo de ellos.
Una magistrada federal, la jueza Sparkle Sooknanan, había ordenado en el último momento el pasado día 13 paralizar las operaciones de deportación, cuando al menos parte de los niños se encontraban ya a bordo de los aviones preparados para enviarles de regreso a su país de origen. Su medida cautelar tenía una vigencia de catorce días, mientras se examinaba el caso.
