“La policía me golpeó mucho y no me dio comida. Me trataron como a un animal. Cuando quería ir a orinar o hablar con un agente, me golpeaban la mano o la espalda con un látigo”. Ibrahim Kamara, un joven de 23 años de Sierra Leona, es uno de los inmigrantes que se ha atrevido a denunciar la violencia que sufrió en su paso por Mauritania, desde donde pretendía dar el salto a Europa. Su caso, ocurrido en agosto de 2022, está recogido en un extenso informe de la organización Human Rights Watch (HRW) en el que se documentan los abusos, malos tratos y hasta tortura contra los migrantes y refugiados que recalan en este país de la costa occidental africana, principal puerto de salida de los cayucos que llegan a las islas Canarias. Durante más de cuatro años la organización ha entrevistado a 223 personas, entre ellos más de 100 migrantes o solicitantes de asilo, que en algunos casos mostraron las cicatrices y heridas compatibles con las agresiones que describían. También recopiló fotos, vídeos y documentos que confirmaban detenciones, expulsiones o lesiones.
El documento revela la cara oculta del control migratorio, la que explica por qué las llegadas de embarcaciones precarias han caído en lo que va de año más de un 46% respecto a 2024, según datos oficiales del Ministerio del Interior español. Las autoridades mauritanas, como ya lo hacen las marroquíes o las tunecinas, ejercen de gendarmes de la UE y últimamente han multiplicado su control. Sus métodos, sin embargo, llevan años en entredicho. Los relatos de los migrantes recogidos por HRW denuncian golpes, hambre, humillaciones, expulsiones masivas y miedo a morir bajo custodia policial. El maltrato, señalan las víctimas, se aplica contra las personas negras.
