El próximo 5 de septiembre tendrá lugar en el Tribunal Supremo el acto que dará inicio al nuevo curso judicial, que durará hasta el 31 de julio de 2026. La agenda de tribunales para las empresas estará marcada por las causas nuevas que se abran. pero también por los mediáticos casos de corrupción ya iniciados, como la investigación al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro o los amaños de contratos públicos en el Ministerio de Transportes que han salpicado a Acciona; junto a ellas, hay otras causas más puramente empresariales como el recurso presentado por el BBVA contra el Gobierno por las condiciones impuestas a su opa sobre el Banco Sabadell.
La irrupción del caso Montoro a mediados de julio hará que muchas de las miradas se posen sobre el juzgado de Tarragona que lleva investigando desde 2017 (y desde 2018 bajo secreto de sumario) al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a Equipo Económico, el despacho de asesoría que montó en 2006 (bajo el nombre de Montoro y Asociados), y del que se desvinculó, al menos sobre el papel, dos años más tarde. Las pesquisas se centran en si esta firma traspasó los límites del lobby a la hora de influir en determinados proyectos legislativos para beneficiar a sus clientes, entre los que figuraban conocidas empresas como Ferrovial, Abengoa o Redeia. En los próximos meses, el juez de Tarragona deberá tomar declaración a los imputados por este caso, entre los que se encuentra el extitular de Hacienda y los socios del despacho de asesoría fiscal, que, a su vez, eran antiguos cargos del Ministerio y de la Agencia Tributaria durante las etapas de Montoro en el Gobierno.
