En tres semanas vence el primer plazo para que los departamentos del Govern catalán envíen la información necesaria para el borrador de las cuentas de 2026. Tras dos prórrogas consecutivas, la aprobación de un nuevo Presupuesto representa la hora de la verdad para el Ejecutivo que preside Salvador Illa desde hace un año. Los socialistas catalanes, que necesitan el voto de ERC y Comunes en el Parlament, se enfrentan a una negociación donde depende tanto lo que ha pasado en Cataluña como de los compromisos pendientes que se han de tramitar en el Congreso, como la financiación singular.
La última vez que la Generalitat tuvo Presupuestos fue en 2023, cuando aún ERC gobernaba y socialistas y Comunes se avinieron a apoyar las cuentas. Los de 2024 no pudieron ver la luz por la negativa de los de Jéssica Albiach —a causa del plan del Hard Rock— y eso precipitó el adelanto electoral que terminó por desbancar a Pere Aragonès y aupar a Illa.
Desde las filas de Junts, el principal partido de la oposición, no desaprovechan ninguna ocasión para echarle en cara a Illa que incumpliera una de sus promesas hechas tras tomar posesión como president: que comenzaría el 2025 con unas nuevas cuentas en vigor. Illa primero aseguró que intentaría tener las para 2024, una meta que se enterró justo 15 días después de la toma de posesión. Las energías se concentrarían, se argumentó entonces, en las del 2025, que fueron las que Junqueras enterró en enero pasado, alegando entonces que los socialistas no cumplían los compromisos que tenían pendientes.
