Crisis 1: covid. Una de las primeras exigencias del PP, entonces dirigido por Pablo Casado, es que el Ejército extienda su despliegue a Cataluña y el País Vasco, donde sospecha de resistencias nacionalistas. Pasado lo peor, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reclama al Gobierno que sean las Fuerzas Armadas las que hagan cumplir las...
restricciones.
Crisis 2: dana. El PP, cuestionado por la gestión de Carlos Mazón, acusa al Gobierno de lentitud en el despliegue militar. Ayuso desliza que los militares no fueron enviados “a tiempo” siguiendo un cálculo político, para que en “esto que llaman Países Catalanes” no vean que tienen “a su lado” al “Ejército de España”.
Crisis 3: apagón. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Ayuso piden la movilización del Ejército.
Crisis 4: incendios. Feijóo, y en su estela los presidentes de las autonomías más torturadas —Castilla y León, Galicia y Extremadura— y de la Comunidad de Madrid, desatan un crescendo sin precedentes de exigencias militares. Alfonso Fernández Mañueco, de Castilla y León, cambia su posición drásticamente en solo un día: primero, niega que el problema sea “de falta de medios áreos o de falta de medios terrestres” y afirma que los mandos del Ejército “han puesto a disposición” de la Junta “todo lo que tienen” a su alcance; al día siguiente, exige mil soldados, 25 bulldozers y 30 helicópteros.
