Hace apenas una década, Colombia era vista como un ejemplo de reconciliación. El Acuerdo de Paz del Estado con las FARC en 2016 no solo cerraba un ciclo de violencia de más de medio siglo, sino que convertía al país en un modelo internacional de resolución de conflictos. La imagen de un Estado capaz de negociar con su mayor enemigo y de integrar a miles de combatientes a la vida civil fue celebrada en casi todo el mundo y presentada como la prueba de que la política podía imponerse sobre la guerra. Hoy, todo aquello parece derrumbarse.
Colombia atraviesa la peor crisis de seguridad de la última década. Hace una semana moría un precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, como consecuencia de los disparos que sufrió por un sicario menor de edad en un mitin. Los salvajes atentados de este jueves, uno en el corazón de la tercera ciudad del país y otro con el derribo de un helicóptero policial, con casi 20 muertos en total, reflejan que la crisis no es solo coyuntural, sino estructural. El país que prometía un futuro de convivencia pacífica vive ahora bajo la percepción de un retroceso al miedo y al horror permanente.
Durante el Gobierno del presidente Iván Duque (2018-2022) no se blindó lo alcanzado por su antecesor, Juan Manuel Santos. Y en este terreno de frustración se incubó la apuesta del actual presidente, Gustavo Petro, por la “paz total”. La idea, ambiciosa hasta la temeridad, consistía en replicar la lógica del acuerdo de 2016 con todos los actores armados de forma simultánea. Lo que nació como un horizonte de reconciliación se convirtió en una negociación fragmentada, sin prioridades claras ni mecanismos sólidos de verificación. Tres años después, los resultados son palpables: atomización de grupos, recrudecimiento de la violencia y la sensación de que la palabra “paz” ha perdido su sentido.
