El pasado mes de julio salió publicado el nuevo informe Space I Survey del Consejo de Europa. Se trata de una herramienta de referencia para quienes estudiamos el encarcelamiento, también para las administraciones públicas que gestionan las competencias penitenciarias. Uno de los datos a destacar de esta edición es que España recupera el liderazgo en el encarcelamiento de Europa occidental. España tiene una ratio de 117 presos por cada 100.000 habitantes (100, en el caso de la administración catalana, 121 en la española —la vasca aún no está desagregada—). España vuelve a adelantar a Portugal.
Este dato pasará desapercibido en el debate público. Todo lo que tiene que ver con reclusión sigue siendo un tema tabú en nuestro país (bueno, excepto cuando se puede hacer espectáculo, que entonces llegan todos los buitres). Y es precisamente este dato uno de los que nos da cuenta del modelo político y social que construimos. Estamos en un país inflacionario carcelariamente. Sin ir más lejos, la tasa de países con los que nos podemos comparar, como Alemania (71), Francia (112) o Italia (103), es más baja. Y en el caso de los países nórdicos o los Países Bajos se sitúan bajo la ratio de 70. Esto sucede en un país con unas tasas de criminalidad comparativamente reducidas (especialmente, de criminalidad grave): el índice de homicidios intencionados cada 100.000 habitantes, según datos de Eurostat, se sitúa en 0,69, entre los más bajos de la región.
