Las cárceles de Marruecos se desbordan, a pesar de la continua construcción de nuevas prisiones, con más de 100.000 internos a finales de 2024 y un nivel de ocupación del 160% que ha forzado que hasta tres reclusos se agolpen en el espacio previsto para uno. Para paliar este hacinamiento inhumano, y reducir de paso el presupuesto penitenciario, el país magrebí acaba de estrenar un sistema de penas alternativas a la privación de libertad. Entre ellas se incluyen los brazaletes de vigilancia electrónica, el trabajo en beneficio de la comunidad o multas a cambio de días en prisión para delitos menores por los que decenas de miles de marroquíes acaban cada año entre rejas.
En el último decenio la población carcelaria se ha incrementado en un 40%, de acuerdo con el último informe anual de la Delegación General de la Administración Penitenciara y de la Reinserción (DGAPR), citado por la revista Tel Quel. Este organismo reconoce que no puede garantizar la salubridad en sus instalaciones a causa del hacinamiento, la falta de ventilación y el deficiente saneamiento. La inseguridad interna se ve además agravada por la circulación sin control de armas y sustancias prohibidas en las prisiones, mientras las medidas de reinserción, educación y formación resultan inaplicables.
