El pirata espera fumando en La Ponderosa, un bar junto a la incorporación del aeropuerto de Ibiza. En su WhatsApp ha saltado el mensaje: “XXXX en aerop”. Las x son la matrícula del coche en el que han llegado al aeródromo tres inspectores de Transportes del Consell. El más veterano de ellos hace guardia como un llanero solitario a 38 grados en la rotonda de entrada, bajo la escueta sombra de una palmera. Armado con un silbato y un chaleco amarillo, detiene vehículos sospechosos de llevar turistas sin licencia, sobre todo furgones de alta gama y cristales tintados, idénticos, salvo porque su matrícula no es azul, a los vehículos con conductor con licencia VTC.
Los drivers protestan al ser parados, y más por alguien sin pistola. Tampoco hay mucho que parar: la sola presencia del chaleco amarillo evita que los piratas bajen. Mientras, en Llegadas, una cola de taxis blancos va recogiendo la fila de viajeros que aterrizan en uno de los 150 vuelos del día (otros tantos despegan). En agosto del año pasado pasaron por aquí casi un millón y medio de pasajeros.
“Hay clientes para todos”, se queja en La Ponderosa Marius, que lleva 19 años ofreciendo sus servicios en el lobby del aeropuerto con otra treintena de conductores ilegales. “Pero este año el presidente se ha obsesionado con hacernos la vida imposible”. Desde el Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí (PP), contesta: “Efectivamente, es una obsesión de este equipo de gobierno garantizar el cumplimiento de la ley. No podemos permitir que haya aprovechados que vean en Ibiza solo una caja registradora y hagan su negocio al margen de la ley, las normas y la convivencia”.
