Las criptomonedas han logrado consolidarse como una categoría fiscal propia en la declaración de la renta, aunque no siempre para bien. En 2023, último ejercicio con datos disponibles, las monedas virtuales fueron el único activo de inversión que arrojó pérdidas patrimoniales netas entre los declarantes, con un agujero medio de más de 100 euros por transacción. A diferencia de los inmuebles, fondos, acciones y otros vehículos de inversión ―que generaron ganancias netas―, las criptomonedas dejaron pérdidas conjuntas por 31,6 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria.
En total, ese año se reconocieron 286.671 operaciones con criptoactivos sobre más de 20 millones de declaraciones, con una pérdida media de 110 euros por transacción. Aunque la cifra no resulta elevada a nivel individual, sí lo es por volumen: más de 151.000 operaciones acabaron en pérdidas, frente a 122.914 con ganancias. Apenas 12.000 se saldaron en equilibrio. El patrón es claro: muchos contribuyentes vendieron en números rojos, y lo hicieron de forma casi generalizada.
Para entender las razones del fenómeno hay que remontarse al llamado criptoinvierno de 2022, cuando el sector sufrió una caída de aproximadamente el 70%. Sin embargo, más allá de la montaña rusa que dibujan los gráficos, hay que mirar también al perfil del inversor, a la psicología del mercado y a las particularidades del marco fiscal.
