Las comunidades contarán en 2026 con mayor libertad para buscar recursos en los mercados con los que financiar sus números rojos, aunque seguirán contando con el respaldo del Estado. Así lo ha acordado la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos (CDGAE), que ha restringido el acceso al FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) y flexibilizado los criterios para que las autonomías, a partir del próximo año, puedan combinar la financiación privada con los préstamos a bajo coste que el Tesoro les viene ofreciendo desde hace más de una década. Solo tres de los 17 Gobiernos regionales tendrán precluida esta nueva opción para cubrir los vencimientos de su deuda: Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia, que presentan los balances más deteriorados. Al no cumplir con los nuevos requisitos, solo podrán financiar un máximo del 10% de sus necesidades anuales en el mercado.
“El objetivo es reforzar la autonomía y responsabilidad financiera de los territorios”, asegura el Ministerio de Hacienda en una nota en la que comunica escuetamente los nuevos criterios —haber cerrado el ejercicio sin déficit y tener una deuda inferior al 19,5% de su PIB—, a la espera de que se publique el acta de la CDGAE. En realidad, el departamento dirigido por la vicepresidenta María Jesús Montero ha hecho de necesidad virtud porque no tenía margen de maniobra. Los objetivos de deuda y déficit son la referencia que se emplea para determinar si una comunidad puede financiarse en el mercado y a la vez acceder a los préstamos del Estado, pero el Congreso, que los tiene que refrendar para que entren en vigor, tumbó la propuesta presentada el año pasado por el Ejecutivo.
