La libertad religiosa no es un derecho entre otros: es la piedra angular sobre la que se asienta la convivencia pacífica entre diferentes. Si esto es así es porque pocas cosas resultan más íntimas en la conciencia de un ser humano que su confianza o desconfianza en la existencia de un Dios. El modo en el que nos relacionamos con lo trascendente, las jerarquías derivadas de la creencia en una eventual verdad revelada —o en su negación— o la posibilidad de escindir el ámbito civil del sagrado determinan de forma innegable nuestro orden social. No es casualidad que la tradición liberal irrumpiera, justamente, como una respuesta a las hostilidades mortales surgidas entre los distintos credos.
Lo ocurrido hace unos días en el Ayuntamiento de Jumilla es algo más que una expresión localizada de xenofobia. En el caso del PP constituye, además, una agresión suicida a las premisas políticas que los populares dicen defender. Con frecuencia, desde Génova se definen como un partido que aspira a aglutinar a liberales, conservadores, democristianos y reformistas. Y, si bien es cierto que esa cuádruple raíz resulta a veces conflictiva, es llamativo que con una acción como la promovida en esa localidad murciana hayan impugnado, con un solo gesto, los fundamentos más dignos de esas opciones políticas.
