El 8 de agosto entró en vigor una norma comunitaria que España tampoco aplicará en su totalidad por el momento. Se trata del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Tras un largo debate en la Eurocámara, fue aprobado en abril del pasado año y contiene, entre otros, un apartado interesante y necesario para garantizar la independencia de los medios públicos.
Al poco de aprobarse el reglamento, el Gobierno español ideó, sin embargo, un decreto que le permitió situar a su candidato al frente de RTVE sin necesidad de mayoría cualificada (dos tercios) y crear un nuevo consejo de administración con 15 representantes políticos (incluidos los socios de legislatura) con un sueldo de 125.000 euros al año. Ese reglamento exige transparencia y mandatos cerrados para los directivos y consejeros para reforzar su independencia política.
Pero en este terreno una cosa es lo que nuestro país negocia en Bruselas y otra muy distinta lo que los políticos en ejercicio estiman que les conviene. Impera el cinismo. El trágico día de la dana de Valencia en la que murieron 228 personas, el Congreso de los Diputados decidió, debido a la emergencia, cancelar toda su actividad menos una: la convalidación del citado decreto de RTVE. En Valencia, ese mismo día, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mantenía un larguísimo almuerzo con la periodista que el político quería al frente del canal autonómico.
