El goteo de informaciones sobre representantes públicos que falsean, engordan o son deliberadamente ambiguos en sus currículos reabre un viejo debate: el del funcionamiento interno de los partidos, actores clave en la selección de futuros dirigentes. Ninguna formación exige un título universitario, como tampoco es requisito para ser diputado, senador, o para ocupar un escaño en un parlamento regional, y, sin embargo, una mínima fiscalización -por parte de medios y rivales electorales, no de las propias instituciones- ha provocado una proliferación de casos, de distinto signo político, con titulaciones que en realidad no lo son.
La Doctora en Ciencia Política, Sociología y Antropología Social Belén Barreiro, actual presidenta del Instituto 40dB., y los politólogos María Fernández Mellizo-Soto, Sandra León e Ignacio Urquizu explicaron hace ya 22 años en un artículo en este diario las diferentes teorías sobre la representación política. Por un lado, “el concepto elitista sugiere que un representante es realmente bueno cuando, en muchas de sus características, es mejor que los ciudadanos a los que representa. Es en la calidad excepcional del político, en su honradez, inteligencia o formación, en donde reside la buena representación. Por otro lado, la representación descriptiva exige que los representantes sean iguales a los representados, un espejo fiel de lo que es la sociedad. Únicamente el que es igual es capaz de hacer lo adecuado para los ciudadanos a los que representa". El último anuario estadístico del Ministerio de Educación apunta que más de la mitad de la población de entre 25 y 34 años posee estudios superiores, frente al 30,9% de los que tienen entre 55 y 64. En España hay 1,7 millones de estudiantes universitarios, pero su presencia es desigual sobre el mapa porque se concentran en las ciudades y en ciertos barrios.
