El curso político cierra con escenas poco comunes en la política española: en diez días dimiten tres cargos por adornar en exceso el currículum, algo que hasta hace poco se consideraba una minucia. Noelia Núñez (PP), por atribuirse estudios universitarios no concluidos; José María Ángel Batalla (PSPV-PSOE), por un título bajo investigación por posible falsedad documental; e Ignacio Higuero de Juan (anteriormente de Vox), por adjudicarse una licenciatura en Marketing fechada en 1993, cuando esa titulación no existía. Que en política se mienta no sorprende a nadie; lo preocupante es que durante años hayamos tolerado falsedades sobre el mérito para ejercerla. Veremos si continúa la racha y recordamos este verano como el del fact checking de los currículos de nuestros gobernantes. Quizá todo acabe en ajustes menores —“licenciados” que pasan a ser “tiene estudios en”—, pero será, al menos, un paso hacia la restauración de la verdad, sin la cual no puede haber meritocracia.
En los últimos años, parte de la izquierda ha arremetido contra el ideal meritocrático, al que presenta como una coartada ideológica que perpetúa desigualdades. Pero en política es difícil defender un criterio distinto al que exige que los cargos públicos estén ocupados por los mejor preparados para desempeñarlos. Apartarse de este principio tiene riesgos. Cuando hospitales o servicios de emergencia están a cargo de gestores colocados únicamente por conveniencia, cuota o fidelidad al partido, la falta de credenciales puede acabar en listas de espera interminables, accionistas arruinados y, en el peor de los casos, muertes evitables.
