En la era del primer presidente convicto de Estados Unidos, a Yelenis Pérez le han vuelto a recordar el delito por el que fue condenada hace 28 años. La inmigrante cubana pensaba que ya había saldado su deuda con la justicia hacía rato, pero ante los agentes de inmigración Yelenis es, para siempre, una criminal. Por ello, el Gobierno de Donald Trump le ha dado hasta octubre para marcharse de Estados Unidos, como deportada, de vuelta al país del que se fue hace tres décadas. “Pensé que después de tanto tiempo no me iba a suceder nada”, cuenta.
Yelenis tenía una orden de deportación desde 2013, como la tienen muchos otros inmigrantes que aun así han permanecido en el país, puesto que, durante años, el Gobierno estadounidense ha priorizado expulsar a extranjeros que considere una amenaza para la seguridad nacional. Esa práctica, sin embargo, llegó a su fin con el regreso de Trump al poder. El republicano, obsesionado con deportar a un millón de personas en su primer año de mandato, asegura que está sacando del país a “lo peor de lo peor”, aunque las cifras demuestran que un porcentaje significativo de los deportados en los últimos seis meses no tenían antecedentes penales.
Algunos de los que sí los tenían, como Yelenis, cumplieron sus condenas hace años. Han rehecho sus vidas desde entonces. Tienen hijos, nietos, trabajos y les queda poco en los países de los que emigraron en busca de oportunidades, estabilidad. Después de creer que ya habían solucionado todos sus problemas ante la justicia, han vuelto a ser criminalizados y puestos en la lista de deportables.
