Una corte federal ha dictado este viernes que la Administración de Donald Trump puede acabar con las protecciones legales migratorias para alrededor de 430.000 migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. La decisión de tres jueces del Primer Tribunal de Apelaciones es el último capítulo de una larga batalla legal sobre diferentes tipos de estatus migratorios que otorgan permiso para residir y trabajar en Estados Unidos temporalmente, como el TPS —literalmente, Estatus de Protección Temporal— o, en este caso, el parole humanitario.
El Gobierno había anunciado en marzo que eliminaría este tipo de protección y fue rápidamente demandado, lo que llevó al tribunal de distrito donde se presentó el recurso a frenar la medida en abril. En mayo, el Supremo ordenó que se levantara esa suspensión, aunque el tribunal de distrito no lo había hecho todavía. Ahora, mientras se desarrolla ese proceso legal iniciado hace meses, el Gobierno ha recibido luz verde para hacerlo en lo que se toma una decisión final.
“Reconocemos los riesgos de daños irreparables expuestos de manera convincente en la orden del tribunal de distrito: que las personas en libertad condicional que llegaron legalmente a este país se vieron repentinamente obligadas a elegir entre marcharse en menos de un mes —una elección que potencialmente incluye separarse de sus familias, comunidades y empleos legales— y regresar a los peligros de sus países de origen", escribieron los jueces en su fallo. “Pero, a falta de una demostración sólida de la probabilidad de éxito en cuanto al fondo, el riesgo de tales daños irreparables no puede, por sí solo, justificar una suspensión”.
