Abdu Boukra tiene 53 años y nació en Marruecos, pero lleva más de 20 años viviendo en Jumilla (Murcia). Antes, estudió Traducción en Austria, vivió en Alemania, y regresó a la localidad murciana donde se casó con su mujer, española. Boukra se toma la noche de este miércoles una copa en uno de los pocos bares del municipio donde los hombres de origen magrebí se sientan en su terraza a ver la vida pasar después de volver del campo. Ha pasado ya demasiado tiempo desde que empezó a trabajar en el Ayuntamiento, al que señala cuando habla, a unos 500 metros del local. Formó en 2006 parte de un equipo municipal que promovía la integración de la comunidad marroquí en el pueblo. Ahora, cuenta, no comprende qué está pasando en ese mismo edificio: “Nos han quitado un sitio donde rezar y ahora es un rezo, pero no sabemos qué más nos pueden quitar mañana”.
El 28 de julio, una semana antes de que comenzara el debate de los presupuestos municipales —en un consistorio gobernado por el Partido Popular y con un concejal de Vox— el Pleno aprobó una enmienda del PP a una moción del partido ultra que impide en la práctica la celebración de las dos grandes fiestas musulmanas en este municipio de 27.200 vecinos, de los que se estima que 1.500 profesan era religión. Una medida inédita, pues el motivo que la justificaba en un inicio apela a “manifestaciones religiosas tradicionales [en España]” y se enfrenta de manera directa al derecho fundamental de libertad religiosa y de culto, reconocida en la Constitución.
