Donald Trump ha puesto a Europa de rodillas, pero al menos tiene una espina de pescado clavada en la garganta. El CEO de Estados Unidos presionó y amenazó, impuso aranceles del 50% a productos brasileños, revocó los visados de ocho jueces de la Corte Suprema de Brasil, aplicó la Ley Magnitsky—hasta entonces reservada a graves violadores de los derechos humanos o corruptos notorios— contra el magistrado Alexandre de Moraes. Todo supuestamente para presionar por la absolución de Jair Bolsonaro, acusado de cinco cargos, entre ellos intento de golpe de Estado. El lunes, Moraes, ponente del caso, ordenó la prisión domiciliaria de Bolsonaro.
No ceder al chantaje de Trump, probablemente más centrado en las ventajas corporativas de controlar Brasil que en beneficiar a Bolsonaro, demuestra que las instituciones de la democracia importan y que aún son capaces de oponer resistencia. No es poca cosa en un mundo tan subyugado por el avance de la ultraderecha y por uno de los peores seres humanos de la historia. En Brasil, la democracia no se restableció hasta 1985, tras 21 años de una dictadura militar con la impronta de EE UU, lo que vuelve aún más significativo este momento de resistencia.
Defectuosa, incompleta, constantemente socavada, mucho más activa a la hora de beneficiar a las élites que a las poblaciones más pobres, la democracia brasileña resistió el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 con mucha más capacidad que la estadounidense, tantas veces autoproclamada “la mayor democracia del mundo”. Bolsonaro está detenido y Trump nunca respondió por el asalto al Capitolio y se dedica a expandir la destrucción del planeta para beneficiar sus intereses personales y los de las grandes corporaciones.
