La prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro ordenada por la justicia llega en un mal momento para Brasil. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se encuentra en una compleja negociación para revertir el arancel del 50% que Estados Unidos aplicará, desde este miércoles , a las exportaciones brasileñas. Donald Trump no oculta que el tarifazo —el más alto de su guerra comercial contra el mundo— está menos relacionado con cuestiones comerciales que con el juicio por presunto golpismo que enfrenta Bolsonaro, al que considera víctima de una “caza de brujas” judicial.
El canciller brasileño, Mauro Vieira, dijo el martes que las conversaciones con Washington deben ser “pragmáticas”. Y puso como ejemplo que gracias a esta estrategia Brasil logró dejar fuera del castigo de Trump unos 700 productos, entre ellos aviones, combustibles y minerales. El temor, sin embargo, es que con Bolsonaro preso, el republicano tenga renovados motivos para obstruir las negociaciones en curso.
El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ordenó el lunes el arresto de Bolsonaro por incumplir, a su juicio, las restricciones que le había impuesto el 18 de julio pasado, cuando le colocó una tobillera electrónica. En el listado figuraba no usar redes sociales, incluso a través de otras personas. A diferencia de lo que pasó hace dos semanas, desde el Gobierno no elogiaron públicamente la decisión de Moraes.
