Portavoces del profesorado, las familias y los estudiantes han denunciado este martes que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dejado en una situación muy precaria al Consejo Escolar del Estado, el organismo oficial de participación de la comunidad educativa, que desde 1985 tiene encomendada, entre otras misiones, la elaboración de informes preceptivos de las nuevas normas en materia de enseñanza que vaya a aprobar tanto el Parlamento como el Ministerio de Educación. El Consejo Escolar del Estado está integrado por un centenar de personas en representación del profesorado, el alumnado, las familias, las patronales de la enseñanza concertada, los municipios, las universidades, y los consejos escolares autonómicos, entre otras instituciones, así como personalidades de reconocido prestigio en el ámbito educativo. Cuenta, así mismo, con un reducido equipo técnico, cuyos miembros se encargan de redactar el informe anual sobre el estado del sistema educativo y los dictámenes previos a la aprobación de las normas educativas. El núcleo de dicho equipo está integrado por seis técnicos docentes. Y lo que ha hecho la Comunidad de Madrid ha sido retirar de golpe a los tres que pertenecen a su plantilla de profesorado y trabajaban en el organismo estatal en comisión de servicio desde hacía tiempo, en un caso desde hacía 12 años.