El expresidente colombiano Álvaro Uribe ha mantenido un silencio casi absoluto tras la condena que recibió el lunes por manipulación de testigos. No se ha sumado a la estrategia de sus aliados más cercanos de denunciar una supuesta instrumentalización de la justicia (lawfare, en inglés) para una supuesta persecución política. Solo ha hecho una excepción en medio del hermetismo: su némesis, Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia. Luego de una semana de peleas en X, el político de derechas ha denunciado al mandatario por “hostigamiento y calumnia” ante Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes —competente para investigar a los presidentes—. Sus abogados han presentado un escrito en la mañana de este viernes, horas antes de una audiencia en la que se conocerá si Uribe irá a la cárcel, tendrá prisión domiciliara o quedará en libertad hasta que la condena quede en firme.
“El presidente Petro profirió acusaciones directas, infundadas y carentes de respaldo judicial, atribuyéndole al expresidente Uribe conductas gravemente delictivas como homicidios, narcotráfico, paramilitarismo y corrupción, hechos por los cuales no existe condena penal alguna ni decisión judicial que sustente dichas afirmaciones”, se lee en un comunicado que difundió la firma Víctor Mosquera Marín Abogados. Según ellos, las afirmaciones de Petro en la última semana “configuran una conducta sistemática de estigmatización y hostigamiento público” que busca deslegitimar al líder opositor. Acusan al mandatario de izquierdas de violar los principios de prohibición de discursos de odio y no discriminación política.
