Doce años de prisión domiciliaria. La condena en primera instancia a Álvaro Uribe Vélez, por manipulación de testigos, no tiene antecedentes en la historia reciente de Colombia. Hay que remontarse a los años sesenta del siglo pasado para encontrar a un expresidente del país sudamericano hallado responsable de un delito, y ese fue el caso del dictador Gustavo Rojas Pinilla, que había estado en el poder hasta 1957. Tampoco había ocurrido que uno de los principales partidos políticos, el Centro Democrático, tenga que encarar unas elecciones nacionales con la losa de la condena penal de su fundador encima. Ni que la derecha y la izquierda coincidieran en señalar importantes decisiones judiciales de distinta índole como motivadas políticamente (el llamado lawfare) en un país que se suele preciar por su apego a los formalismos legales.
Con todo ello, aunque el proceso contra el exmandatario de derechas tiene todavía varias etapas por delante, ha sido muy significativo el impacto político y mediático de la decisión que reveló la jueza Sandra Heredia en dos tiempos: el lunes, cuando anunció su decisión de condenar a Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y el viernes, cuando reveló la sanción por ello. Tanto es así que otras decisiones que pasaron desapercibidas, en condiciones normales hubieran tenido un gran revuelo. Por ejemplo, los decretos del Ejecutivo para aplicar la reforma a la salud rechazada por el Congreso, o la definición de un nuevo y polémico ministro de la Igualdad.
