El caso por el que el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (Medellín, 73 años) ha sido condenado a 12 años de prisión no deja de sacudir el país. Este lunes, dos magistrados del Tribunal Superior de Bogotá han anulado parte de la sentencia en la que, dos semanas atrás, una jueza de la misma ciudad señaló que el líder de la derecha y presidente vitalicio de uno de los partidos más grandes del país, el Centro Democrático,
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-domiciliaria.html" data-link-track-dtm="">es responsable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Lo que han encontrado es que la jueza Sandra Heredia violó los derechos fundamentales del político al definir que debía cumplir la pena sin esperar la segunda instancia, algo que debe ser excepcional. Y eso alimenta el argumento de Uribe, sus abogados y sus aliados de que ella actuó por motivaciones políticas. “Queda demostrada la falta de imparcialidad de la juez 44 y la falta de garantías que tuvo que padecer Álvaro Uribe en el proceso en su contra”, ha trinado el congresista uribista Andrés Forero, en apenas una de las múltiples manifestaciones de ese efecto.
La decisión de este martes, otra sentencia de primera instancia y que puede ser impugnada e incluso revisada por la Corte Constitucional, se da en un escenario muy conocido por los colombianos, el del debate de una acción de tutela, que está reservada para proteger derechos fundamentales cuando no tienen otro mecanismo eficiente de amparo.
