Este jueves el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón emitió una orden de cierre contra el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) que hay en la localidad y en el que viven en este momento 404 personas con protección internacional, humanitaria o temporal. Su argumento es que no tiene licencia residencial, sino hotelera, y que este uso es supuestamente incompatible con que las personas permanezcan varios meses alojadas allí. El caso recuerda a otro similar hace unos años, cuando el Consistorio trató de clausurar un piso de tutela de menores migrantes no acompañados porque carecía de licencia residencial. Después de varios litigios, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) determinó que la protección al menor está por encima de los formalismos urbanísticos.
La sentencia, que se remonta a 2021, se basa en la legislación estatal y citó una resolución de la ONU en la Convención de los Derechos de los Niños. Una de las claves de lo que se determinó entonces está en la Ley 26/2015, de reforma del sistema de protección, que señala que el principio de interés superior del menor está por encima de todas las decisiones administrativas.
En ese caso, el inmueble contaba con licencia para uso residencial. En el del Creade, sin embargo, el edificio tiene licencia hotelera. Esto puede ser una diferencia clave en caso de que el ministerio interponga un recurso contra la decisión del Ayuntamiento.
