Una jueza de Madrid decidió a mediados de junio algo inusual. El cierre de 10 pisos turísticos en el corazón de la capital, no por considerarlos ilegales —eso ya lo había reconocido con sanciones sin éxito el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid—, sino por acreditar que el negocio dañaba la salud y la intimidad de una familia con dos hijos con edades inferiores a los siete años. La jueza falló además que las cuatro empresas debían abonar unos 37.000 euros como indemnización a ese matrimonio y sus pequeños. Pero lo que a todas luces parecía una victoria para la lucha contra la gentrificación del centro, en la escalera de un edificio de la calle Toledo, el portero se volvía a quejar de la “mierda” que habían dejado este domingo algunos de los huéspedes. Y Rosa (nombre ficticio), trabajadora de la limpieza de 65 años, que lleva viviendo de alquiler más de 20 con su marido en este bloque, que en septiembre tendrán que mudarse a la casa de su marido en un pueblo de Cuenca. “Aquí es imposible vivir”, sentencia.
Un juzgado de Madrid ordenó el 19 de junio el cierre de 10 pisos turísticos en este edificio. Pero aquí hay 60 pisos, 40 de los cuales se emplean como un hostal y solo han clausurado los de la escalera exterior por la batalla judicial emprendida por la familia. “Porque no es que vayan a cerrar los pisos porque lo ha pedido el Ayuntamiento, sino porque lo ha pedido una familia”, explicaba a este diario su abogado, Miguel Rubio. La estrategia legal que emprendieron consistió en alegar la vulneración de derechos fundamentales: falta de sueño, ansiedad, depresión, entre otros “serios problemas de salud”. La madre llegó a perder su trabajo.
