El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (PP), en la Comunidad de Madrid, ha anunciado este lunes el cese definitivo de la actividad del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) organizado en la localidad por el Gobierno central (PSOE y Sumar), al carecer, según su versión, de la licencia adecuada para su funcionamiento. De esta manera, la alcaldesa Paloma Tejero, exalto cargo del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, alimenta el enfrentamiento entre el ejecutivo autonómico y el central por la política migratoria, y ayuda a limitar desde el punto de vista del PP el impacto electoral en Madrid del discurso de Vox, que lleva semanas reclamando el cierre de estas instalaciones. La resolución municipal da cuatro meses para realojar a los actuales internos, periodo durante el que no se podrán admitir nuevas altas, bajo amenaza de cierre inmediato. No es descartable por este cierre que el conflicto con el Estado acabe en los tribunales.
“Ya se ha notificado la resolución en la que el Consistorio, atendiendo a la situación de vulnerabilidad de las más de 400 personas que allí residen según los últimos datos ofrecidos por el propio Gobierno central, da cuatro meses de plazo al Ejecutivo (el doble del que el propio ministerio reconoce como promedio de estancia) para que las realoje, evitando así el cierre inmediato que es preceptivo en estos casos”, se lee en el comunicado enviado por el Ayuntamiento a los medios de comunicación. “No obstante, no podrá acoger nuevos residentes en ese plazo y su incumplimiento provocaría el mencionado cierre inmediato”, se añade sobre una resolución adoptada tras el estudio de las alegaciones y el recurso de reposición presentados el pasado 14 de agosto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
