El pasado 21 de julio la secretaría de Estado de Función Pública, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital que dirige Óscar López, presentó un ambicioso proyecto para reformar el funcionamiento de la Administración Estatal. Desde entonces, este anuncio, materializado en un documento de 177 páginas titulado Consenso por una Administración abierta, ha levantado ampollas entre distintos sindicatos que representan a los funcionarios y al resto de empleados públicos estatales. Las quejas son variadas y afectan a cuestiones que van desde la propuesta de cambio de los actuales procesos de selección (oposiciones); a la falta de referencias a las mejoras salariales o a la ausencia de una mayor negociación con los representantes de los trabajadores, entre otras cosas.
Los más combativos están siendo los miembros de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), que agrupa a una cuarentena de asociaciones de funcionarios de los cuerpos superiores (A1 y A2) entre los que se encuentran los inspectores de Hacienda, Trabajo, los abogados del Estado; actuarios y economistas de la Seguridad Social; y diplomáticos; ingenieros de todo tipo; estadísticos; entre otros muchos profesionales del mayor nivel de la administración, que tienen más responsabilidad. Y uno de los principales motivos que les ha llevado a abrir esta guerra frontal contra Función Pública es la propuesta para cambiar el actual sistema de oposiciones por el que los ciudadanos llegan a ser funcionarios de carrera.
