El Ministerio de Función Pública planteó este lunes un cambio radical en el acceso al alto funcionariado, a los puestos de más responsabilidad y mejor retribuidos. Son las categorías A1 y A2, las de los abogados del Estado, la carrera diplomática o los inspectores de Hacienda. Desde entonces se vienen sucediendo comunicados críticos de varias asociaciones de empleados públicos de alto rango, pero este miércoles se ha elevado aún más el nivel de la confrontación: Fedeca, la federación que agrupa a muchos de estos colectivos, ha lanzado un nota de prensa en la que considera que el plan del Ejecutivo “no garantiza la igualdad, es más costoso —para candidatos y contribuyentes— y menos transparente". El mismo día que se da esta comunicación, el Gobierno ha llamado a Fedeca a “realizar aportaciones sobre el conjunto de medidas para transformar la Administración” y les convoca a una reunión el próximo martes.
El planteamiento del Gobierno es el siguiente: en vez de acceder con las oposiciones tradicionales, a esos puestos se entraría pasando en primer lugar por institutos y escuelas de la Administración, donde se cursaría un máster específico de dos años. Para acceder a ese máster habría una prueba de acceso, que solo superaría una parte de los aspirantes. Los que mejores notas lograsen cursarían esos estudios durante dos años y al final harían otro examen, el que decidiría quienes obtienen las plazas como funcionarios.
