Los haitianos no solo se enfrentan a una de las peores crisis de violencia de su historia reciente, en la que han muerto unas 8.700 personas entre principios de 2024 y junio de 2025, sino a vivir en uno de los países más pobres del mundo, con una inflación del 26,9% y con un PIB que lleva cinco años consecutivos de decrecimiento. Bancos de desarrollo, a petición del gobierno de transición, han tratado de elaborar planes de recuperación para un país que, en los últimos 15 años, ha vivido el devastador terremoto de 2010, el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 y la dimisión del primer ministro Ariel Henry en 2024, la mecha que hizo estallar la actual ola de inseguridad. Un proyecto ha mirado a Puerto Príncipe y otro, a la región del Gran Norte, en un intento por descentralizar la inversión. Pero su desarrollo e implementación está siendo mucho más complejo de lo previsto.
“Se estima que Puerto Príncipe está controlado en un 90% por las bandas en este momento”, reconoce Anne-Lucie Lefebvre, gerente del Banco Mundial en Haití, en una videollamada con este diario. Este control casi absoluto de la capital y la escalada de violencia ha sido el origen ―pero también el gran dolor de cabeza― de un plan de recuperación en el que el Banco Mundial había trabajado en el último año, en conjunto con la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
