El sudor con el que las mujeres han regado los campos de España ha sido históricamente invisibilizado. “Ellas toda la vida han trabajado en la majada, tanto como los maridos”, cuenta Violeta Alegre. “Pero siempre estuvieron en la sombra”. Alegre habla al teléfono desde Lago de Omaña, al norte de la provincia de León. Allí pastan durante la primavera las 1.200 ovejas que tiene con su pareja. Desde 2013, su negocio está registrado como una Explotación de Titularidad Compartida, figura que entró en vigor un año antes para dar representatividad económica y legal
11/03/23/sociedad/1300834803_850215.html" data-link-track-dtm=""> a las mujeres en el ámbito rural. Entonces, el Ministerio de Agricultura había estimado que 40.000 podrían potencialmente beneficiarse de ella. Alegre fue la primera ganadera de León en hacerlo. Además del pastoreo, es la representante legal de su ganado, la que hace el papeleo. “A mí ya me conocen, no soy ‘la mujer de”. Pero su caso no es el de la mayoría. Más de una década después de que se hiciera efectiva la ley solo hay 1.477 Explotaciones de Titularidad Compartida en todo el territorio español, según datos recogidos por el ministerio.
Una de las claves que lo explica es la política agraria del siglo XX. La creación del Ministerio de Agricultura, en 1900, tuvo como consecuencia la construcción de roles específicos dentro de un “sistema sexo-género”, explica Teresa María Ortega López, historiadora y una de las autoras de Mujeres y agricultura en la política del siglo XX. “Se las consideró ‘ayudante de campesino’, por tanto, no tenían que tener una visibilidad contundente”, argumenta la historiadora.
