Ulysses S. Grant, presidente de Estados Unidos entre 1869 y 1877, solía tomar brandy en el bar del lobby (vestíbulo) del hotel Willard de Washington y aquellos que querían transmitirle mensajes o convencerle de algo sabían que debían pasarse por allí para conseguir su atención. Y de esta anécdota, tal y como se ha contado frecuentemente, surgió el uso de la palabra lobista para referirse a esas personas que se dedican a influir en las legislaciones y decisiones políticas en favor de determinadas empresas, colectivos y organizaciones.
En realidad, no es así. La palabra procede de los vestíbulos de las Cámaras del Parlamento británico, plagado como siempre de periodistas y representantes de esos grupos de interés, y el oficio es tan viejo como el arte de la política. Siempre rodeado de mitos ―como el del hotel Willard― y de ―todavía― oscurantismo, hacer lobby ―es decir, defender un argumentario ante los cargos públicos― es legal y, en principio, conveniente para que la acción pública proteja el interés general.
El problema estriba cuando, más que advertir de problemas o alimentar el debate público, un tipo que tiene buena mano con determinado político logra cambios regulatorios para beneficiar a una compañía concreta, sin demasiada justificación social. Especialmente, si el episodio incluye también algún intercambio de favores entre el cargo público y el agente privado. España es un terreno especialmente abonado para los abusos y los espacios resbaladizos, pues, a diferencia de Bruselas, Reino Unido o Estados Unidos, carece de una norma que regule la actividad y un registro público de las labores de estos grupos, pese al mandato europeo para que lo apruebe de una vez.
