“¿Dónde acaba el lobbismo y dónde empieza el tráfico de influencias?”. Gabriel Rufián ha llevado este miércoles al Congreso de los Diputados una de esas preguntas que sobrevuelan desde hace años la política española y que el caso Zapatero ha vuelto a colocar en primer plano. La dificultad para delimitar la frontera entre la influencia legítima y las prácticas opacas. Una actividad que en España continúa moviéndose en una amplia zona gris. La cuestión, dirigida a Pedro Sánchez en la sesión de control, no buscaba solo una respuesta del presidente del Gobierno, sino señalar uno de los grandes vacíos regulatorios del sistema político español. Por lo que el presidente del Gobierno ha optado por responder recuperando la ley de lobbies que el Congreso tramita desde hace meses.Se trata de una vieja promesa de regeneración democrática que, sin embargo, encadena retrasos no solo en lo que va de legislatura, evidenciando las resistencias que genera en la política española la voluntad de regular este terreno.No es la primera vez que el Congreso intenta abordar esta regulación. Ya en 2021 se registró una iniciativa similar, impulsada también por el PSOE, que llegó a ser admitida a trámite pero terminó encallada en el debate parlamentario. El adelanto electoral de 2023 acabó por dejarla definitivamente en el cajón de los proyectos inacabados sin que llegara a prosperar el trabajo de enmiendas.Cuatro años después, en 2025, fue de nuevo el PSOE quien ha reactivó la propuesta, retomando una reforma que forma parte del paquete de regeneración democrática del Gobierno. Esta vez, la iniciativa ha superado el primer examen parlamentario con el respaldo del conjunto del bloque de la investidura, aunque no sin matices. Los socios del Ejecutivo han apoyado su toma en consideración, pero han criticado su escasa ambición y han reclamado que la norma vaya más lejos en la limitación de las puertas giratorias.Nada que ver con buena parte de las derechas. En la votación, PP y UPN se abstuvieron, mientras que Vox votó en contra, en una fotografía parlamentaria que refleja apoyos suficientes para la tramitación pero no consenso político sobre el alcance real de la reforma.Yendo a los detalles, el proyecto de ley al que ha apelado Sánchez busca precisamente ordenar ese territorio difuso. La norma, en tramitación parlamentaria, obligaría por primera vez a registrar a los denominados grupos de interés -empresas, consultoras, despachos profesionales o asociaciones- que traten de influir en decisiones públicas. También impondría la publicidad de los contactos que mantengan con altos cargos y diputados, con el objetivo de dejar constancia de quién se reúne con quién y para tratar qué asuntos.El núcleo de la reforma no está solo en el registro, sino en la trazabilidad de la influencia. Cada iniciativa legislativa debería incorporar una llamada “huella legislativa”, un informe en el que quedaran reflejadas las aportaciones recibidas durante su tramitación y las modificaciones introducidas a partir de ellas. La idea es sencilla en lo conceptual, pero ambiciosa en lo político al pretender que la elaboración de las leyes deje de ser un proceso opaco y pase a ser rastreable.El texto propuesto no regula a los expresidentes del GobiernoFuentes conocedoras de la tramitación del proyecto de ley aseguran a La Vanguardia que, incluso en el caso de que la reforma se acelerara en el Congreso, su redacción actual no habría evitado situaciones como las que se investigan en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según estas mismas fuentes, el texto no incluye un apartado específico que regule las actividades de los expresidentes del Gobierno, por lo que su eventual aplicación no alteraría de forma sustancial ese ámbito concreto.Es en ese contexto donde el portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago (Izquierda Unida), ha señalado este miércoles, tras conocerse el auto judicial, que es necesario “regular bien todas las actividades” de los expresidentes del Gobierno zanjando de manera taxativa que “cobrar por gestiones políticas es delito”.Limitaciones y sancionesLa norma incorpora además restricciones para antiguos altos cargos, a quienes impediría ejercer como lobistas durante dos años tras abandonar responsabilidades públicas. Y establece un régimen sancionador tanto para los grupos de interés no inscritos como para los responsables públicos que no hagan públicos sus contactos. Una arquitectura legal que intenta cerrar, al menos parcialmente, la puerta giratoria entre política e influencia privada. Sin embargo, el recorrido de la iniciativa explica tanto como su contenido. El Congreso ya dio un primer paso al rechazar la enmienda a la totalidad, pero la ley continúa en fase de ponencia y negociación, atrapada en un trámite largo y expuesto a cambios sustanciales.En ese marco, el debate abierto por Rufián conecta con una pregunta más incómoda que jurídica. Incluso si la ley estuviera en vigor en sus términos actuales, la actividad bajo la lupa del caso Zapatero no sería automáticamente ilegal. El texto no prohíbe la influencia ni la intermediación, sino que pretende obligar a que esa relación sea visible, documentada y rastreable. La frontera, por tanto, no se desplaza tanto al terreno penal como al de la transparencia.Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario Metro