La red eléctrica va camino de convertirse en algo más que una china en el zapato de la quinta economía del euro. En el 2021 de la crisis energética, había cerca de 3.000 empresas en lista de espera en Países Bajos para conectarse a la red eléctrica porque esta corría el riesgo de saturación debido al rápido crecimiento de los parques renovables. Cuatro años después, son más de 20.000 compañías y pequeños consumidores los que esperan su turno.
Un problema de primer orden que, sin embargo, no acaba de destacar en una agenda política copada por la inmigración a solo tres meses vista de las elecciones generales de octubre. Las cifras son claras: la debilidad de la red —tras años de falta de inversión— y el frenazo a las nuevas peticiones de conexión ya está lastrando la economía, con un coste acumulado para la sociedad de entre 10.000 y 40.000 millones de euros, según un reciente informe gubernamental remitido al Congreso.
El texto, elaborado por expertos de varios ministerios y organismos públicos, llamaba a empresas y ciudadanos de uno de los países más ricos del mundo por renta per cápita a prepararse para que, en el futuro, “la electricidad no siempre esté disponible en todas partes”. Y ampliar la red “para que pueda satisfacer toda la demanda en horas punta” sería, decían, demasiado caro.
