El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció el pasado 30 de junio la compra de 39 trenes para el metro de Barcelona. Una inversión de 331 millones de euros que pagará el 51% la Generalitat, el 25% el Ayuntamiento de Barcelona y el 24% el Área Metropolitana. La licitación de estos trenes comenzará este julio pero la adjudicación se alargará hasta la próxima primavera. Illa realizaba este anuncio en uno de los actos de homenaje del centenario de Metro de Barcelona. Un anuncio que se realizó justo un mes después de que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobara no solo romper relaciones con Israel sino, también, dejar de contratar a empresas proisraelís. Ambos anuncios ponen en riesgo una futura operación comercial de la empresa ferroviaria Alstom, con sede en Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona), relacionada con la construcción de los trenes de metro anunciados por Illa.
Comunes, ERC y PSC apoyaron, a finales de mayo, vetar la contratación municipal de empresas que hubiesen participado en actividades en los asentamientos israelíes de Cisjordania, Jerusalén o los Altos del Golán. El pleno del Ayuntamiento se basó en el listado de 97 empresas que habían operado en asentamientos israelíes y que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) confeccionó en 2023. Entre las empresas que aparecen en el listado y que el Consistorio no puede contratar se encontraría Alstom, la multinacional francesa que construye sistemas de transporte ferroviario y que tiene sede en Santa Perpètua de la Mogoda, a solo 20 kilómetros de Barcelona. Con los acuerdos del pleno del Consistorio en la mano, Alstom quedaría fuera de cualquier licitación. Pese a ello, tanto la empresa como el propio Ayuntamiento intentan, a contra reloj, que eso no suceda.
