Lo que ocurrió este martes en el Congreso de los Diputados no es nuevo, pero no por ello dejó de asombrar. La convalidación del Real Decreto-Ley Antiapagón saltó por los aires después de que Podemos, BNG y la Chunta Aragonesista votaran en contra, junto a Vox, PP y Junts. Los tres partidos, de mirada progresista, se instalaron en el “no” esgrimiendo argumentos demagógicos y dejando ver, de manera muy nítida, que había mucho tacticismo político tras su decisión.
Todo apuntó, desde el primer momento, a la falsa idea de una reforma a medida del oligopolio. Deslizar este planteamiento carece de sentido, sobre todo porque sus principales valedores votaron en contra de su aprobación y, también, por su contenido. El autoconsumo lleva años estancado y con este paquete de medidas se lanzaba un salvavidas para potenciar las comunidades energéticas y para crear la figura del gestor de autoconsumo, que protegiera y diera garantías a los ciudadanos a la hora de reclamar y luchar por sus derechos ante las distribuidoras. Nada que beneficiara a las grandes eléctricas a las que se les acusa de manejar a su antojo a un Gobierno con el que mantienen litigios abiertos.
Decir, por otro lado, como se manifestó desde la tribuna de oradores, que este proyecto legislativo no ataja ninguno de los problemas derivados del apagón es, directamente, una mentira que revela la falta de argumentos de quienes, desde la izquierda, se empeñaron en tumbarlo. Y es que con este decreto se daba un impulso necesario al despliegue de baterías de almacenamiento, tanto stand alone [independientes] como hibridadas con plantas fotovoltaicas.
