Durante prácticamente toda la historia de la humanidad, el cerebro ha sido el último reducto de la intimidad, un ámbito vedado al que nadie podía acceder. Ese cerrojo empieza a abrirse. Tecnologías cada vez más accesibles —desde auriculares que monitorizan la actividad neuronal hasta diademas para controlar videojuegos— proliferan acumulando unos datos cuya protección legal no está resuelta. Cantabria está cerca de convertirse en pionera europea, con una ley de salud digital que protegerá los neuroderechos y los datos que emanen del cerebro.
El anteproyecto llegará al parlamento regional en septiembre, y su consejero de Salud, César Pascual Fernández (PP), espera que esté lista en menos de un año. Según reconoce, la norma tiene una vocación de convertirse en una referencia legislativa, la primera pieza que genere “un efecto dominó” que llegue al resto de España.
Hasta ahora, solo cinco territorios en todo el mundo cuentan con una legislación similar, según cuenta Rafael Yuste, director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia, uno de los expertos de referencia internacional en la materia, y que ha asesorado al Gobierno cántabro. El primer país fue Chile, que hizo una enmienda expresa a la Constitución en 2021. Lo siguieron el estado de Río Grande, en Brasil, y los de Colorado, California y Montana, en Estados Unidos.
